Tras una serie de reportes sobre casos sospechosos de fentanilo contaminado, la Provincia de Córdoba anunció su decisión de presentarse como querellante en la causa federal que investiga la tragedia. El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, confirmó que la Fiscalía de Estado se sumará al Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, actuando en representación de los establecimientos privados de la provincia que reportaron la problemática. La medida se toma a raíz de las dos muertes confirmadas en el territorio cordobés.
En conferencia de prensa citada hoy en el Panal, Pieckenstainer, quien estuvo acompañado por el Secretario de Salud, Carlos Giordana, indicaron que la intervención del Ministerio de Salud provincial comenzó el 8 de mayo, tras una alerta emitida por ANMAT sobre una alteración en la calidad de un lote de fentanilo del laboratorio HLB Farma.
«De manera inmediata, la dirección de farmacia instruyó a todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, para que segregaran (separaran) el lote de fentanilo afectado. Al día siguiente, el Ministerio de Salud de Córdoba amplió esta medida, ordenando la separación de absolutamente toda la medicación proveniente del laboratorio HLB Farma, incluyendo otros medicamentos endovenosos, sueros y dispositivos, independientemente del lote o tipo de producto. El objetivo de estas acciones era asegurar que cada ampolla quedara fuera de circulación, del alcance del equipo médico y de los pacientes, y a disposición de la justicia», indicaron.
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El ministro Pieckenstainer enfatizó que ningún hospital público de la provincia de Córdoba adquirió ni posee el lote de fentanilo 31202 implicado en la contaminación, y que no tienen ningún caso relacionado con este lote reportado a la justicia. Esta información fue ratificada por el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata el 11 de agosto, confirmando que los lotes adquiridos por la provincia no estaban entre los consignados como responsables de la contaminación.
De esta manera toman distancia con otras jurisdicciones, principalmente Santa Fe, donde el lote contaminado sí se registró en hospitales públicos.
En cambio, el Juzgado Federal N.º 3 sí informó al Ministerio de Salud de Córdoba sobre 18 instituciones privadas en la provincia que sí habían adquirido el lote 31202. Para evitar nuevos casos, el Ministerio ha instruido a estas instituciones para que notifiquen los casos sospechosos o positivos, tal como lo establece el boletín epidemiológico nacional.
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Pieckenstainer explicó que «no se trata de una resistencia por parte de las instituciones privadas, sino de una necesidad de ayuda para manejar los instrumentos de reporte de casos sospechosos», indicó. Y agregó: «El Ministerio está brindando asistencia para asegurar que estos informes lleguen a la fiscalía y al sistema nacional de vigilancia de salud (SISA). Aunque el Ministerio no puede acceder directamente a las historias clínicas privadas por cuestiones de potestad, sí puede instruir y pedir la colaboración de estas instituciones».
Casos
La decisión de la Provincia de constituirse como querellante se basa en dos muertes que han sido informadas hasta ahora por la Clínica Vélez Sarsfield. Estos casos iniciales fueron reportados el mismo 9 de mayo, y retrospectivamente la clínica encontró y reportó dos casos adicionales. El ministro señaló que existe la posibilidad de que surjan nuevos casos a medida que estas 18 instituciones privadas realicen una revisión sistemática y retrospectiva de sus registros, desde el 1 de enero hasta el 9 de mayo, periodo en el que el fentanilo contaminado pudo haber estado en circulación.
Actualmente, el fentanilo remanente de estos lotes en las 18 farmacias privadas ha sido revisado personalmente por la dirección de farmacia del Ministerio entre el 11 de agosto y la fecha de la conferencia, y se ha confirmado que está segregado, separado y fuera del alcance de pacientes o personal de salud, a disposición de la justicia.