El gobierno de Río Negro confirmó la expulsión de 78 empleados estatales en el último año y medio, según un informe de la Junta de Disciplina. De ellos, 74 corresponden a cesantías y 4 a exoneraciones, estas últimas vinculadas a causas judiciales con condena penal.
Más de 400 sanciones en un año y medio
El registro oficial indica que desde inicios de 2024 se aplicaron 428 sanciones a trabajadores estatales. Además de las expulsiones, 350 fueron suspensiones de entre uno y treinta días, y se emitieron 21 apercibimientos. La mayoría de los casos obedecen a inasistencias injustificadas, llegadas tarde y conflictos laborales.
Las sanciones se aplican bajo la Ley 3487, que regula el Estatuto del Personal de la Administración Pública rionegrina. El proceso se inicia con un sumario administrativo, donde instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y presentan un informe ante la Junta de Disciplina, integrada por un presidente, dos funcionarios y dos representantes gremiales (ATE y UPCN).
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El mensaje oficial: eficiencia y control
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, sostuvo que “las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los trabajadores que cumplen”. Subrayó que un Estado eficiente requiere firmeza ante quienes incumplen sus obligaciones.
Entre las faltas más graves que derivaron en cesantías o exoneraciones, figuran el abandono de servicio y condenas por delitos dolosos. En el mismo período, se iniciaron 144 sumarios con 71 suspensiones preventivas y 37 casos concluyeron con el sobreseimiento de los agentes investigados.