La decisión del Gobierno de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) marcó un punto de inflexión en la política de reestructuración del Estado. Con esta medida, más de 5100 empleados públicos quedaron sin funciones, lo que generó una fuerte preocupación en el ámbito laboral y político.
Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que existe un plan para gestionar esta transición, que incluye reubicaciones, capacitaciones, indemnizaciones y transferencias a otras jurisdicciones. La disolución de la DNV fue oficializada mediante el Decreto 461/2025, en el marco de la reforma del sistema de transporte y obra pública impulsada por el Ejecutivo.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la medida responde a la necesidad de eliminar estructuras redundantes, reducir el gasto público y combatir la corrupción en la obra pública, haciendo referencia directa a la causa judicial que involucró a exfuncionarios y contratistas del Estado.
La decisión también incluyó la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Las funciones de fiscalización y control pasarán a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, mientras que el Ministerio de Economía asumirá la gestión de los más de 40.000 kilómetros de rutas que estaban bajo la órbita de Vialidad.
El Gobierno anunció que toda la planta de trabajadores de Vialidad será pasada a disponibilidad, lo que significa que mantendrán su salario durante un año mientras se define su futuro laboral. Durante ese período, los empleados podrán ser:
Reubicados en otras áreas del Estado, especialmente en dependencias del Ministerio de Economía o en la nueva agencia de control. Capacitados para desempeñar nuevas funciones, con programas de formación adaptados a las necesidades de los organismos receptores.
Puntos claves
Transferidos a provincias o municipios, en el marco de lo que permite el capítulo de Empleo Público de la Ley Bases. Desvinculados, en caso de que no se encuentren vacantes o no se justifique su continuidad. Para quienes sean despedidos, el Gobierno prevé una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, tomando como base el salario más alto del último año.
Uno de los puntos más sensibles del plan es la revisión de los legajos laborales. El Ejecutivo advirtió que no se pagarán indemnizaciones en los casos en que se detecten irregularidades, como: Incumplimiento del horario laboral, Inasistencias injustificadas. Abandono de tareas. Incompatibilidades contractuales.
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