Los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron ante el Consejo de la Magistratura una denuncia por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
La acusación a la magistrada tiene que ver con la decisión de detener “arbitrariamente” a militantes peronistas, en su mayoría mujeres, mantenerlas incomunicadas y en una cárcel de máxima seguridad por un hecho que “como máximo podría representar una contravención municipal”, explican en la presentación que hicieron ayer los dirigentes kirchneristas.
Se trata de Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, “quienes están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie”, dice el texto. Horas después de esta presentación a Abaigar se le concedió la prisión domiciliaria y Montes fue excarcelada.
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Una de las detenidas, Mieri, es la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes, y es una dirigente cercana a la intendenta Mayra Mendoza, mientras que Abaigar es una funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.
Los legisladores sostienen en su denuncia que se trata de militantes que “están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie”. Se trata de un grupo de militantes K que fue a la casa de Espert y tiró frente al domicilio bosta de caballo, además de arrojar volantes con el mensaje “Espert sos una mierda, con CFK no se jode”.
Los abogados de las acusadas por el escrache al diputado libertario (LLA) José Luis Espert, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organizaciones políticas reclamaron “la liberación de las presas”, además de asegurar que esto es una “persecución política, judicial y mediática”.
“El Juzgado Federal de San Isidro, liderado por Sandra Arroyo Salgado, toma y se siente competente en una causa de tirar caca en la vereda en vez de ocuparse, como corresponde, de tratar otros temas y otros delitos federales que tanto nos preocupan en este país, como el narcotráfico, por ejemplo”, sostuvo el abogado Diego Molea.
Por su parte, el CELS sostiene que Bullrich es “una de las principales promotoras” de utilizar todos los recursos punitivos del Estado “para perseguir a quienes protestan y a la disidencia política, junto con la SIDE”. “Allanamientos violentos, personas detenidas y esposadas por un escrache. Un hecho que, como mucho, podría ser una contravención, hoy es tratado como un delito federal grave. La Justicia es instrumento del Gobierno en esta desproporción. La criminalización selectiva es persecución política. El Gobierno usa el aparato punitivo del Estado para amedrentar militantes. El sistema político entero empieza a estar condicionado por estas operaciones”, planteó el organismo.
Asimismo, el abogado y dirigente social Juan Grabois le respondió vía redes sociales a la ministra de Seguridad Nacional y la acusó de “poner el aparato del Estado para perseguir a gente por estas pelotudeces o por protestar”.