La representante de la Defensa Pública, Rosa Sánchez, solicitó al juez penal de Sarmiento, Ariel Quiroga, la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba, en el marco de una causa penal contra Bruno Álvarez, imputado como autor del delito de desobediencia a una orden judicial, en cuatro hechos.
La propuesta establece que por el plazo de un año, Álvarez, deberá realizar presentaciones trimestrales ante el organismo de control y fijar domicilio. También está obligado a participar en talleres y capacitaciones sobre violencia de género.
Además, durante ese período, se mantiene vigente la orden de prohibición de contacto y acercamiento con la denunciante. Asimismo, el acusado, ofreció una reparación económica en beneficio de la Asociación Bomberos Voluntarios, Hogar de Ancianos “Marí-Marí Peñí” y Hospital Rural de Sarmiento.
La procuradora Luciana Coppini explicó que un instructivo de la Procuración General, ordena oponerse a este tipo de salidas alternativas, a excepción que estén debidamente fundadas. En este caso, luego de consultar a la víctima y las profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), coincidieron en que era viable la propuesta de suspender el juicio contra el procesado y obligarlo a cumplir reglas de conducta.
Finalmente, Quiroga, resolvió hacer lugar a la aplicación del instituto y le explicó al imputado, cuáles son los alcances del instituto, y las reglas que debe cumplir por el plazo de un año, para lograr que la causa penal en su contra finalice.
Al inicio del acto judicial, la defensora pública, señaló que la propuesta de suspensión del juicio a prueba por un año, obliga al acusado a presentarse cada cuatro meses, ante la oficina de control. También debe realizar talleres y capacitaciones sobre violencia de género, y mantener la prohibición de contacto y acercamiento con la víctima. A ello, agregó el ofrecimiento de una reparación económica de noventa mil pesos, en beneficio de tres instituciones públicas de la comunidad (Asociación Bomberos Voluntarios, Hogar de Ancianos “Marí-Marí Peñí” y Hospital rural de Sarmiento).
Luego, la procuradora Coppini, manifestó que mantuvo una reunión con las integrantes del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito para informales el alcance de la propuesta de la asesora legal del acusado. En ese sentido, refirió que la víctima había manifestado su acuerdo con la propuesta, con el objetivo de darle un cierre a la situación.
En este marco, explicó que si bien en la causa la damnificada por el delito de desobediencia es la administración pública provincial, no se debe perder de vista que el fondo de la cuestión, es la situación de violencia de género que presentaba el caso.
Por otra parte, se refirió al instructivo del Procuración General, que ordena oponerse a este tipo de salidas alternativas en los casos de violencia contra las mujeres, pero admite excepciones que estén debidamente fundamentadas. En consecuencia, otorgó el consentimiento fiscal a la propuesta.
EL CASO
La primera denuncia contra el imputado se registró el 29 de agosto de 2024, a las 22, en inmediaciones de un local comercial, ubicado sobre las calles España y Uruguay. En esa ocasión, su expareja se encontraba junto a un compañero de trabajo, cuando Álvarez se acercó y le pidió hablar. En este contexto, recordó que el 11 de agosto de 2024, la jueza de Paz, Dora Álvarez, había dictado una orden de prohibición de contacto entre el procesado y su expareja.
En tanto, al día siguiente -el 30 de agosto de 2024-, a las 08:50, el acusado ingresó –sin autorización- a una vivienda ubicada en el barrio “Parque 21 de junio”, donde reside la víctima, quien en ese momento se encontraba en su lugar de trabajo.
En esas mismas jornadas, Álvarez utilizó la aplicación “Mercado Pago”, para realizar transferencias de dinero y también envío de mensajes a la víctima.