Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Estimado Señor presidente:

Enviamos esta carta abierta para hacerle saber las graves preocupaciones que tiene Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en Argentina bajo su gobierno. Desde la organización, reconocemos que la crisis económica y social que ha atravesado el país desde hace años exigió un cambio. Sin embargo, nos alarma que en 10 meses de gobierno la pobreza no haya disminuido, sino que, al contrario, se ha incrementado. Además, las libertades públicas están amenazadas.

A continuación, presentamos algunos de los puntos que suscitan nuestra atención y, por ello, le solicitamos que respete y garantice los derechos humanos de todas las personas.

La libertad de expresión bajo ataque

Amnistía Internacional lamenta que su administración encabece una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente, incluyendo periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales. Estos mensajes han sido multiplicados por integrantes de su gobierno, especialmente en las plataformas digitales X y TikTok, generando con frecuencia aluviones de agresión y odio. Desde que inició su administración, Amnistía Internacional ha documentado el ataque y hostigamiento a al menos 30 periodistas, poniendo en serio riesgo la libertad de expresión. El desprestigio, la difamación y la estigmatización se han utilizado para intimidar el ejercicio de la prensa libre e independiente que pregunta o cuestiona las medidas adoptadas por su administración.

Su gobierno también ha tomado medidas contra el espacio cívico físico, especialmente los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. El Ministerio de Seguridad aprobó una serie de resoluciones que imponen severas restricciones a la protesta pacífica y habilitaron el uso abusivo de la fuerza, el uso indiscriminado de armas menos letales – gases lacrimógenos y balas de goma dirigidas al rostro- tanques hidrantes y mecanismos de vigilancia en redes sociales. De la mano de las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social, parece buscarse imponer un clima de temor que inhabilite las expresiones de disconformidad, propias de la libertad de pensamiento y expresión, que deben ser garantizadas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Destacamos el caso de Matías Aufieri, quien perdió la visión de su ojo izquierdo después del impacto de una bala de goma durante una manifestación el 1 de febrero de 2024, en las afueras del Congreso de la Nación. Asimismo, el 12 de junio, decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y llevadas a centros de detención en el marco de las protestas en rechazo a la “Ley de Bases” que incluía serias medidas de austeridad.

En una carta enviada a su administración, relatorías especiales de las Naciones Unidas pidieron al gobierno que revisara las normas sancionadas en materia de restricción a la reunión pacífica, a la luz de los estándares internacionales para evitar violaciones a este y otros derechos. El Comité de los Derechos del Niño en sus recomendaciones de septiembre de este año, llamó a fortalecer el derecho de los niños a la libertad de asociación y de reunión pacífica, incluyendo la derogación de las disposiciones en el Protocolo que restringen los derechos de los niños a participar en protestas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública y condenó que el Estado argentino asociara la manifestación social con un “golpe de Estado” y que calificara a las personas manifestantes como “terroristas”.

También nos preocupa que, en nombre de la seguridad, las autoridades argentinas hayan avanzado en regulaciones que combinan el uso de tecnologías y la inteligencia artificial para vigilar de manera masiva e indiscriminada a las personas. Estas medidas imponen un sistema de “ciberpatrullaje” que vulnera los derechos a la privacidad, libertad e intimidad.

La libertad no avanza con hambre y precariedad económica

En el plano económico, las políticas de ajuste junto con una escalada en los precios generaron un impacto directo en los hogares de ingresos medios y bajos, con un incremento de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Su administración ha presumido internacionalmente un histórico superávit que no sucedía desde hace 16 años. Sin embargo, éste ha tenido un elevado costo sobre la población: el número de personas que vive en situación de pobreza creció del 41.7% al 52.9% desde el último trimestre de 2023, cuando su gobierno tomó posesión, al primer semestre de 2024. Al mismo tiempo, más de un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar; y el ingreso mínimo de una persona adulta mayor no llega a cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye gastos esenciales como la alimentación, vestido y traslado.

Además, en el primer trimestre de 2024, se produjo un hecho inédito: desde que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) implementó una nueva metodología de medición en 2016, los haberes mínimos de las personas mayores alcanzaron mínimos no observados: casi la mitad de la línea de pobreza. El impacto en las mujeres adultas mayores es más alarmante aún, por su histórica sobrerrepresentación en el mercado de trabajo no registrado: sólo el 12,1% de las mujeres en edad de jubilarse, entre 55 y 59 años, cuenta actualmente con más de 20 años de aportes jubilatorios requeridos por la ley argentina para acceder a una pensión.

En lugar de dar respuesta a esta situación, su gobierno ha anunciado el interés de aumentar la edad jubilatoria o propuesto otorgar jubilaciones proporcionales a los aportes, que implicarían ingresos incluso por debajo de la jubilación mínima y de los costos de vida de una persona. Esta medida seguramente orillará a que más personas mayores, especialmente mujeres, vivan por debajo de la línea de pobreza.

La libertad no distingue género

Por otro lado, repudiamos que el gobierno ha librado una batalla contra los derechos de las mujeres.

Presidente: cada hora cinco niñas y adolescentes menores de 20 años se convierten en madres en Argentina. Aunque una buena parte de estos embarazos son no intencionales e incluso son resultado de violencia sexual, su administración echó atrás una política que exitosa. El Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) contribuyó a bajar la tasa de fecundidad adolescente en un 49% en los últimos 4 años, conforme informó el Fondo de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo. Aun así, el Ministerio de Salud lo desmanteló con la finalización del contrato de 619 especialistas y el recorte de insumos. Así, recayó sobre la discrecionalidad y solvencia de los gobiernos provinciales el continuar o no con estos contratos.

Adicionalmente, en materia de salud sexual y reproductiva, Usted ha usado su investidura en foros nacionales e internacionales para referirse a la interrupción voluntaria del embarazo como la “agenda sangrienta del aborto”, junto a otras retóricas estigmatizantes e información falsa. Si bien la ley de aborto sigue vigente, a pesar de iniciativas parlamentarias para derribarla, las políticas de su administración amenazan la adquisición y distribución de insumos esenciales para garantizar abortos seguros en el país. la adquisición y distribución de insumos esenciales para garantizar abortos seguros en el país.

Las políticas de respuesta a la violencia de género también fueron desarticuladas, reduciendo sensiblemente el personal a cargo de la línea 144, número telefónico destinado a atender a mujeres víctimas de violencias. Este debilitamiento institucional pone en riesgo la vida de miles de mujeres en el país, considerando que en Argentina se registra un femicidio cada 35 horas, según el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es urgente que reviertan las medidas contra las políticas públicas que garantizan los derechos humanos de todas las personas, por lo que Amnistía Internacional exhorta a Ud. especialmente y a su gobierno a:

1.    Abstenerse del uso de discursos y mensajes violentos e intimidatorios, en especial dirigidos a la labor de periodistas y medios de comunicación, que promueven un clima de hostigamiento, censura y restricciones a la libertad de expresión.

2.    Respetar y proteger el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de reunión, de asociación, y el derecho a defender los derechos humanos, derogando la Resolución 943/2023, adoptando una normativa respetuosa de los derechos humanos, y garantizando la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza.  

3.    Evitar el uso indebido de la herramienta penal para el hostigamiento a manifestantes como forma de restricción del derecho a la protesta pacífica.

4.    Garantizar las condiciones de vida de las personas mayores mediante recursos y servicios de calidad, atendiendo con urgencia la situación de quienes cobran la jubilación mínima y no logran cubrir los gastos básicos de vida. 

5.    Adoptar todas las medidas a su alcance para proteger el ingreso y calidad de vida de las personas en medio del incremento de precios y costo de vida, con un enfoque de no regresividad y derechos humanos.

6.    Garantizar el derecho de las mujeres, en todas sus diversidades, a vivir una vida libre de violencia. Lo cual incluye revertir medidas institucionales que han limitado la respuesta, protección y acceso a justicia de víctimas de violencia de género, así como asegurar el presupuesto necesario para el fortalecimiento de políticas públicas que tienen por objeto reducir la desigualdad de género.

7.    Asegurar el derecho de la salud y a la autonomía reproductiva, entre otras cosas, a través de la provisión de los insumos y recursos (presupuestarios, humanos, materiales, edilicios) destinados a sostener el acceso a cuidados y servicios de salud sexual y reproductiva en todo el territorio nacional, incluyendo el acceso al aborto. 

8.    Garantizar la continuidad y el fortalecimiento del Plan Nacional de Prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, incluyendo presupuesto suficiente para proveer los insumos, instalaciones y recursos técnicos y humanos necesarios para una efectiva y adecuada implementación a nivel nacional.

La libertad, señor presidente, no es un concepto aislado, es un derecho humano reconocido y protegido por el derecho internacional que vincula al Estado argentino y a todas sus instituciones. La libertad está indivisiblemente relacionada con el reconocimiento, sin discriminación, del derecho de las personas a vivir una vida digna, libre de violencias, con acceso a servicios públicos de calidad, y a que no se ponga en riesgo su vida e integridad.

Señor presidente: para que la libertad avance, Ud., como jefe de Estado, debe garantizar y velar por el cumplimiento de todos los derechos humanos por igual.

10.10 | Jorge Macri dilata la salida de Roberto García Moritán

Jorge Macri y Roberto García Moritán. Foto de archivo.Prensa Macri

Por Matías Moreno

El caso de Roberto García Moritán sacude a la administración de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Desarrollo Económico se resiste a dejar su puesto, pese a que afronta sus horas más complicadas, tanto por las derivaciones del escándalo mediático que provocó su separación de Carolina “Pampita” Ardohain, como de la denuncia judicial por la supuesta contratación irregular de 384 empleados en su cartera. Pese a que esperaba un gesto de Moritán para descomprimir, el jefe porteño decidió sostenerlo en el cargo y dilata su salida.

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A casi 49 años del ataque del 5 de octubre de 1975 al Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, en el que combatieron el Ejército Argentino y Montoneros, el Gobierno anunció a través de la resolución 1023/2024 publicada en el Boletín Oficial que indemnizará a familiares de soldados víctimas de aquel episodio.

“En vísperas del aniversario del ataque al Regimiento de Infantería de Monte N°29 ‘CR Ignacio Warnes’ de Formosa, anunciamos que las familias de los fallecidos y los heridos en combate el 5 de octubre de 1975 podrán acceder finalmente a la compensación económica del DNU 829/19″, expresó el Ministerio de Defensa en su cuenta de X para comunicar la medida.

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08.39 | Lousteau, contra el Gobierno

La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, dijo que fue tan “contundente” la movilización de ayer en el Congreso que hay diputados que “empezaron a rever” su voto a favor del veto de Javier Milei al financiamiento universitario, sobre todo los que responden a las provincias.

“Con total humildad me voy a tomar el atrevimiento de pedirle al Presidente y a todos los miembros del Poder Ejecutivo que bajen un poco con la soberbia, que tengan la posibilidad de hacer una autocrítica y con mirada reflexiva entender lo que pasó ayer”, sostuvo Fernández en Radio Urbana Play. “Lo vivieron en abril, la primera reacción del Presidente fue lo de ‘lágrimas de zurdos’. Después tuvieron que ir retrocediendo permanentemente en sus declaraciones. La movilización de ayer estuvo llena de dirigentes políticos, banderas, organizaciones sociales. Entre nosotros tenemos diferencias profundas pero una coincidencia fundamental: la universidad pública. Pero sobre todas las cosas, ayer en las calles estuvo llena de estudiantes y familias”, acotó la dirigente que en la marcha dio el discurso central.

07.45 | 50% de “ganancia” en dólares

Servicio domésticoShutterstock

Por Francisco Olivera

Las vueltas de la vida: algo dramático como un despido podría resultar, si el empleado hubiera tenido la suerte de conseguir enseguida otro trabajo, más ventajoso que la mejor inversión financiera. Y sin habérselo propuesto. Pero son situaciones extrañas que ocurren en la Argentina, en concreto desde hace dos años, cuando el mercado laboral entró en un limbo para actualizar por inflación las indemnizaciones: en este momento, y pese a las recomendaciones de la Corte Suprema y el Banco Central, las 10 salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo utilizan seis fórmulas distintas, algunas de las cuales derivan en resarcimientos astronómicos o absurdos.

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Por Francisco Jueguen

Es un ajuste sobre un ajuste. Y es por eso que a la economía le cuesta mostrar una recuperación firme, pese al tibio repunte que muestran algunas billeteras. No todas, claro.

Los ingresos tanto de los ocupados como de los asalariados cayeron más de 7% en términos reales –considerando la inflación del período– en el primer semestre, los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei, según datos oficiales.

Pero el impacto de esa merma en la capacidad de compra es mayor porque, desde mediados de 2017 –antes de que se comenzara la corrida cambiaria en el gobierno de Mauricio Macri– hasta la actualidad esos mismos ingresos mostraron un derrumbe de más de 30%.

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06.44 | La provincia usurpada

Por Luciano Román

Debe ser, seguramente, una mera casualidad cronológica, pero una semana después de que el papa Francisco “empoderó” a Grabois en el Vaticano, reivindicó la protesta callejera e hizo un guiño a la usurpación de una propiedad privada en Entre Ríos, una supuesta Federación de Trabajadores de la Economía Social promovió, en una pequeña localidad bonaerense, el aparente desembarco de más de un centenar de familias en una fracción de campo. Ocurrió en Brandsen, una ciudad de menos de 40.000 habitantes, situada al sudoeste de La Plata, donde el temor a un asentamiento movilizó a la comunidad.

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Gif Larreta

05.39 | Marcha federal: la manta corta y la ventaja competitiva de la causa universitaria

Por Luciana Vázquez

La causa universitaria presenta dos riesgos y una ventaja competitiva. También una oportunidad para la sociedad, que nunca llega a realizarse. El primer riesgo tiene su antecedente en la causa de los derechos humanos o la del feminismo, que después de años de instrumentalización por el relato kirchnerista, quedaron cooptadas por la política facciosa. La causa universitaria puede caer en ese lugar. La marcha federal universitaria fue voluminosa en participación ciudadana, pero en su escenario nacional, la ciudad de Buenos Aires, hubo mucha más presencia del aparato político, sindical y de organizaciones sociales. El kirchnerismo en pleno y el mismísimo Pablo Moyano encontraron una plataforma para su regreso.

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Otra vez, la convocatoria fue masiva, aunque no tanto como la primera, realizada el 23 de abril. Con mayor representación de sectores políticos que en aquella oportunidad, llegaron también docentes, estudiantes, padres, científicos, abuelos, grupos de profesores y familias enteras sosteniendo una misma pancarta: la defensa de la universidad pública. Así fue la marcha que esta tarde movilizó, según el cálculo realizado por LA NACION, a 270.000 personas hasta el Congreso de la Nación para reclamar el freno del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y lograr una ampliación del presupuesto para 2025, que contemple el aumento de los salarios de docentes y no docentes en las 54 universidades nacionales.

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04.25 | Filmus: “Un veto de espaldas a la voluntad popular”

El exministro de Educación Daniel Filmus cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario y consideró que el mandatario actúa “de espaldas a la voluntad popular”.

“Ahora, el Congreso debe sostener su posición y otorgar plena vigencia a la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó el exfuncionario en sus redes sociales.

Tras la marcha en reclamo por el presupuesto universitario en el Congreso y en distintos puntos del país, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, protagonizaron un fuerte cruce sobre su financiamiento.

Por un lado, Yacobitti aseguró que el “Gobierno miente y ataca a las universidades públicas” y que se trata de una “cuestión de prioridades”. “Lo que hoy se vive en los pasillos es extrema angustia. Primero eran centros de adoctrinamiento, después no aceptaban auditorías. Ahora, dicen que inventan alumnos fantasmas. Pero en realidad lo que encubren es el presupuesto universitario. Para el 2025, el Gobierno propone bajarlo a casi la mitad, en porcentaje con el Producto Bruto Interno (PBI). Es desfinanciar una de las cosas que funcionan bien. No es una cuestión de costo fiscal porque representa solo el 0,14% del PBI”, expresó durante un debate que organizó el programa A dos voces, en la señal TN.

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03.00 | “El veto presidencial desconoce el reclamo genuino de la sociedad”

Tras el decreto del presidente Javier Milei que rechazó la ley de financiamiento universitario, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad consideró que “el veto presidencial desconoce el reclamo genuino de la sociedad argentina y la racionalidad y sustentabilidad” de la norma que había sido aprobada por el Congreso.

“La educación pública de calidad es una prioridad indelegable si queremos desarrollo con inclusión”, expresó el legislador por la provincia de Buenos Aires en sus redes sociales.

Por Carlos Pagni

Dos veces no te has de bañar en el mismo río. La movilización universitaria de este miércoles tuvo un aire de familia con la que se realizó el 23 de abril. Pero sólo eso. Un lejano parecido. Los sujetos de la protesta cambiaron y cambiaron sus reclamos. También el Gobierno es otro ante los problemas de la educación superior.

La marcha de ayer fue menos multitudinaria que la anterior. Cinco meses atrás la discusión giraba alrededor de la supervivencia de la universidad pública. Los rectores y decanos encendieron alarmas ante una parálisis derivada de la falta de recursos para el funcionamiento elemental de esos centros de estudio. En muchos de ellos se apagaban las luces para alertar sobre las dramáticas derivaciones de la falta de fondos. Ese clima motivó a miles de estudiantes, muchísimos de ellos despolitizados, a salir a la calle en defensa de su propio futuro.

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01.56 | El riesgo de meterse con la universidad pública y el peligro de atacar al periodismo: las definiciones de José Del Rio sobre el gobierno de Milei

El secretario general de redacción del diario LA NACION, José Del Rio, analizó las causas y consecuencias políticas que podría tener para el Gobierno de Javier Milei la segunda marcha estudiantil en defensa de la educación pública y el poner en tela de juicio valores e instituciones largamente arraigadas en la sociedad. El periodista especializado en periodismo económico y negocios planteó que el Ejecutivo corre un “gran riesgo” de sufrir “explosiones sociales” como las sucedidas en Chile y Perú en los últimos años por “tirar de la cuerda”. Pero además, repudió el ataque a los medios de comunicación y la profesión periodística de parte del jefe de Estado y aseguró: “Si no tuvieras periodistas que denuncien la corrupción, no tendrías a Milei como presidente”.

José Del Rio, secretario general de redacción del diario LA NACION, entrevistado por el periodista Luis Novaresio en +entrevistas por LN+LN+

Estamos en un momento muy difícil. Es muy complicado para el periodismo en general. Tratamos de dejar en claro que no somos enemigos por criticar”, consideró Del Rio entrevistado por Luis Novaresio en el ciclo +Entrevistas de LN+. En ese sentido, planteó que se percibe una división en las audiencias “en tres tercios”. “Antes, tenías al antikirchnerismo y el kirchnerismo, conceptualmente hablando. Hoy tenemos el antikirchnerismo, el kirchnerismo y el mileísmo explícito, que no es lo mismo que el antiguo antikirchnerismo. Hoy recibimos críticas por todos lados. Digas lo que digas, te encontrás en una situación incómoda. Hay que intentar dormir tranquilo con las convicciones que uno tiene”, reflexionó.

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Luego de la masiva marcha en defensa de la educación pública y en contra del veto a la ley de financiamiento universitario, que se hizo efectivo a primera hora de este jueves, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, les reclamó a los profesores y estudiantes que le digan al Gobierno “a qué sector le van a sacar el presupuesto para aumentar el de ellos”.

“Es una ecuación fácil, no populista ni corporativa. ¿O prefieren más inflación para 46 millones a cambio del presupuesto propio? Escuchamos propuestas. No vale no traer la solución”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

00.30 | Milei vetó la ley de financiamiento universitario, tras la multitudinaria movilización en defensa de la educación pública

A pesar de la multitudinaria marcha realizada este miércoles, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada por ambas Cámaras del Congreso. Se trata de la segunda vez que el mandatario rechaza un proyecto convalidado por el parlamento, tras lo ocurrido con la ley de movilidad jubilatoria.

Observase en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757″, dice el artículo 1° del decreto 879/2024 fue publicado este jueves en el Boletín Oficial.

En el segundo punto, señala: “Devuélvase al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley mencionado en el artículo anterior”. “Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”, finaliza el articulado.

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