El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, decidió anular el acuerdo que la administración de Alberto Fernández había firmado con lo que denominó «grupos criminales autodenominados mapuches», tras las usurpaciones de terrenos en Villa Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. La medida se anunció un día después de que siete integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu fueran condenados por haber ocupado de manera violenta tierras que pertenecen a Parques Nacionales en noviembre de 2017.
El fallo condenatorio recayó sobre seis mujeres y un hombre de la comunidad, quienes recibieron penas de hasta dos años y seis meses de prisión en suspenso por la toma de siete hectáreas en Villa Mascardi, ubicadas a unos 35 kilómetros de Bariloche. Según se confirmó en el proceso judicial, los usurpadores utilizaron la violencia para entrar y asentarse en las tierras, expandiéndose luego hacia otros terrenos linderos, tanto públicos como privados.
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El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se pronunció en redes sociales afirmando que «Argentina no negocia con terroristas», respaldando la decisión de revocar el acuerdo y destacando la firmeza del gobierno en su postura frente a estas acciones. “Durante 6 años, grupos autodenominados mapuches han usurpado y atentado contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras, eso se terminó”, sentenció el ministro.
El acuerdo que buscaba beneficiar a los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu fue impulsado por la gestión de Alberto Fernández, que incluso intentó detener el proceso judicial en su contra. En su momento, el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, intercedió ante el juez Hugo Greca para frenar la causa iniciada por Parques Nacionales, proponiendo una mesa de diálogo con los usurpadores. Parte del plan del gobierno anterior incluía la entrega de las tierras ocupadas y la construcción de viviendas para la líder espiritual de la comunidad, Betiana Colhuan, y sus allegados.
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Además de la cesión de las tierras usurpadas, el plan también contemplaba la entrega de 10 hectáreas en la zona del lago Guillelmo para el resto de los integrantes de la comunidad, con el fin de que pudieran desarrollar actividades autosustentables. Aunque inicialmente manifestaron disconformidad por las dimensiones del terreno ofrecido, finalmente aceptaron el acuerdo, con la intención de continuar negociando por más beneficios.
La comunidad Lafken Winkul Mapu no sólo protagonizó las usurpaciones, sino que también estuvo involucrada en una serie de hechos vandálicos que incluyeron incendios y ataques a propiedades. Entre los incidentes más graves, Cúneo Libarona destacó el incendio intencional de la cabaña Los Radales y un puesto de Gendarmería Nacional en 2022, acciones que, según el ministro, no solo atentaron contra el patrimonio nacional, sino también contra los derechos de los ciudadanos argentinos.
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“La administración de Javier Milei no permitirá que se repitan este tipo de atropellos. Hemos dado por finalizados estos acuerdos, reafirmando que Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia. Nuestra prioridad es la defensa del imperio de la Ley”, declaró el ministro, en un claro mensaje de fin de concesiones hacia estos grupos.
La ocupación ilegal de tierras en Villa Mascardi comenzó en 2017 y se prolongó hasta octubre de 2022, cuando se llevó a cabo el desalojo de los terrenos. Durante ese tiempo, la comunidad avanzó sobre una franja completa de tierra en la zona, cortando rutas y hostigando a turistas y residentes. Además, bloquearon el tránsito en la Ruta Nacional 40 como forma de protesta, generando conflictos con los automovilistas y vecinos.
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Con información de Infobae, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.