La empresa concesionaria que opera el Acceso Oeste, una de las principales vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, recibió un revés en una causa judicial que ahora vuelve a trabarse y lleva 18 años, desde que se pesificaron las tarifas de los peajes.
En una nota que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Grupo Concesionario del Oeste S.A. (GCO) explicó que fue notificada de la presentación de una cautelar presentada por el Gobierno en el marco del Expediente N° 59.107/2022/1, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7.
La medida implica la suspensión provisoria del proceso de arbitraje a cargo de un comité de especialistas, contemplado en el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Oeste aprobado por el Decreto N° 608/2018, en 2018, detalló CGO. De esta manera, la firma debe abstenerse de continuar impulsando el procedimiento arbitral hasta que se dicte sentencia definitiva en el proceso judicial.
“La cautelar fue dictada a pedido de la Dirección Nacional de Vialidad, cuando estaba a punto de celebrarse la audiencia de prueba del procedimiento arbitral promovido por GCO ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que debía desarrollarse entre el 23 y el 26 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires”, explicó la empresa en la comunicación a la CNV, con los especialistas recién llegados al país.
Según la empresa, la decisión del Estado es una interferencia. Foto: GCO“Constituye una directa interferencia con el procedimiento arbitral iniciado por GCO ante la CCI, conforme lo acordado contractualmente con el Estado, a la vez que profundiza la severa afectación de los derechos de la Sociedad, resultante del incumplimiento y de la continuada pretensión del Concedente de desconocer la validez del Acuerdo Integral de Renegociación”, apuntó.
GCO anticipó que apelará la decisión: “La Sociedad Interpondrá todos los recursos disponibles a fin de preservar los legítimos derechos que le asisten, que se ven grave y arbitrariamente afectados. Asimismo, se permite llamar una vez más la atención de las autoridades del Estado argentino sobre el impacto que este tipo de medidas generan para la seguridad jurídica y los derechos de los inversores, al desconocerse compromisos oportunamente asumidos por la República a través de sus máximas autoridades”.
La historia de la causa
El contrato fue quebrado en 2002 al dictarse la Ley de Emergencia y salida de la convertibilidad, que pesificó las tarifas. En la presidencia de Néstor Kirchner, en 2006, se llegó a un acuerdo parcial de renegociación entre las partes, que fue incumplido posteriormente, generando un perjuicio para CGO, que pasó a tener costos en dólares y tarifas en pesos.
En 2018, se llegó a un Acuerdo Integral de Renegociación mediante un Decreto firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, emitido de conformidad con la normativa y los procedimientos aplicables, luego de que todas las instancias de control establecidas (incluyendo a la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación) se pronunciaran en forma favorable a su aprobación.
Por un breve periodo, se puso fin así a los incumplimientos de la Argentina luego más de 15 años, y la gestión le envió una señal al mercado para lograr nuevas inversiones, ya que posibilitó dar de baja el juicio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que había iniciado Abertis, uno de los accionistas internacionales de GCO. El acuerdo implicó importantes quitas: el monto reclamado se redujo en una tercera parte aproximadamente, aunque con una ‘espera’, ya que se cobraría en el lapso de varios años con la propia operación de la autopista.
En el sector, dicen que la decisión deja mal parada a la Argentina. Foto: GCOEn 2022, con Alberto Fernández, el Estado Nacional dictó un Decreto para lograr un juicio de lesividad y declarar la nulidad del acuerdo y así estatizar la gestión de la autopista. Por su parte, GCO recurrió a las instancias previstas en el contrato e inició el proceso de arbitraje, ahora interrumpido, que avanzó con sus etapas procesales, con activa participación de la Argentina, representada por la Procuración del Tesoro, hasta el viernes pasado.
En el sector, explican que esta decisión deja mal posicionada a la Argentina, en un contexto en el que el país afronta varios reclamos ante el Ciadi (uno de ellos, este) y en el que el Gobierno pretende generar nuevas inversiones mediante el RIGI.