El gobierno de Estados Unidos deberá pagar 45 millones de dólares a raíz de una demanda colectiva presentada por alrededor de 1000 mujeres que trabajan en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) por haber sufrido discriminación de parte de los directivos de ese organismo federal cuando estuvieron embarazadas.
Así lo notificó la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU. (EEOC, por sus siglas en inglés) en un reciente acuerdo legal provisional, en donde se confirmó la violación de la Ley de Discriminación por Embarazo, una norma de rango federal y que alcanza a la agencia gubernamental.
El caso resuena especialmente si se tiene en cuenta que la CBP, que cuenta con una planta de 65.000 empleados en todo EE.UU., sostiene que es “la organización de aplicación de la ley más grande del país”. De hecho, en su sitio web oficial destaca su compromiso con la “no discriminación en la fuerza laboral”. Según las demandantes, las autoridades del ente marginaron deliberadamente a las mujeres embarazadas durante su período de gestación.
The Washington Post dio a conocer que el organismo no admitió haber cometido ningún delito, aunque sí accedió al pago de la compensación para estas mujeres por haberlas asignado –a causa de su condición– en tareas livianas temporales, que pueden afectar negativamente los ingresos de los empleados y sus oportunidades de ascenso.
Así, la CBP deberá desembolsar unos 45 millones de dólares a las 1000 demandantes, que incluye entre 7000 y 100 mil dólares para cada una, dependiendo de su caso en particular, y unos nueve millones de dólares en concepto de honorarios para los abogados. Joseph Sellers, socio de Cohen Milstein Sellers & Toll, uno de los dos bufetes —junto a Gilbert Employment Law— que representaron al millar de mujeres damnificadas, consideró: “No creo que haya habido nada malicioso en esto”, pero aclaró: “Probablemente, había una visión paternalista sobre el embarazo”.
La Ley de Discriminación por Embarazo de Estados Unidos de 1978 (PDA, por sus siglas en inglés) es una enmienda al Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en el empleo basada en raza, color, religión, sexo y origen nacional. A su vez, la PDA extiende esta prohibición al incluir el embarazo, el parto y las condiciones médicas relacionadas como formas de discriminación por sexo.
Así, la normativa prohíbe que los empleadores discriminen a una mujer por estar embarazada o por condiciones relacionadas con la gestación. Esto incluye todas las etapas del empleo, como la contratación, el despido, la promoción, la compensación y otros términos y condiciones de empleo. En tanto, determina que estas mujeres deben ser tratadas de la misma manera que cualquier otro empleado que tenga una condición médica similar en cuanto a su capacidad para trabajar.
Asimismo, la legislación indica que si una mujer embarazada es temporalmente incapaz de realizar su trabajo debido al embarazo o una condición relacionada, el empleador debe tratarla de la misma manera que trataría a cualquier otro empleado con una incapacidad temporal.
Por otra parte, los empleadores que ofrecen planes de seguro de salud deben cubrir los gastos relacionados con el embarazo de la misma manera que cubren otros gastos médicos.
LA NACION