Nada menos que el primero de los diez puntos que conforman el llamado “Pacto de Mayo» se refiere a la propiedad privada. Lo dice de manera breve y explícita: Habla de “La inviolabilidad de la propiedad privada”.
Unos meses antes, en enero de este año, con apenas veinte días en el Poder, el Presidente Javier Milei firmó el decreto 55/2024 que declara al año 2024 como el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”.
También dispone que durante este año toda la documentación oficial del gobierno nacional deberá llevar impresa esa leyenda. Y además, que el Poder Ejecutivo Nacional “realizará las acciones pertinentes tendientes a destacar, difundir y concientizar acerca de los valores de la vida, la libertad y la propiedad.
Vale recordar que el derecho a la propiedad está consagrado en la Constitución Nacional. El artículo 17 de la Carta Magna expresa:
“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie”
Muchas veces, antes de llegar a la Casa Rosada y también desde que ejerce la presidencia, Javier Milei se expresó a favor de la propiedad privada como contraposición a los que denomina “proyectos colectivistas” que, insiste, son los que llevaron al empobrecimiento de la Argentina.
En los últimos años la cuestión de la propiedad privada fue puesta en duda en no pocas ocasiones.
En el contexto de la discusión sobre qué hacer con el mercado de alquileres, quienes impulsaban la regulación de precios de dicha actividad llegaron a hablar de la posibilidad hasta de expropiar las viviendas desocupadas que no se ofrecían como renta. Hubo actividades puntuales, como señalar con carteles aquellas propiedades vacías, lo que para no pocos fue interpretado como una invitación a la usurpación.
También hubo un caso puntual que despertó protestas y obligó a un cambio de planes al gobierno de Alberto Fernández. Fue cuando estalló el caso Vicentín, a raíz de la deuda que dejó de pagar esa empresa, con muchos productores y el sector financiero, entre los que sobresalía como acreedor del Banco Nación.
En junio de 2020, el ex Presidente Fernández anunciaba un proyecto de expropiación de la empresa radicada en la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe. La sola enunciación de la idea despertó una pueblada que obligó al Gobierno a desactivar la propuesta que había sido ideada por la senadora ultra K Anabel Fernández Sagasti.
Otro caso, que tuvo tintes tragicómicos, en octubre de 2020, fue la irrupción del autodenominado dirigente social Juan Grabois en un campo del ex titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, cerca de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Grabois y su gente llegaron a sembrar algunos metros de perejil, pero fueron expulsados del lugar a los pocos días. No obstante, el episodio puso sobre el tapete la cuestión del derecho a la propiedad privada.
En el debate sobre la propiedad privada apareció la voz nada menos que del Papa Francisco, quien en junio de 2021 afirma que “la propiedad privada es un derecho secundario”, que depende “del derecho primario que es la destinación universal de los bienes”.
Un caso saliente de los efectos de querer transformar un activo privado en público, que sobresale de los gobiernos K, es la expropiación en términos ilegales de las acciones de YPF que estaban en poder de la empresa española Repsol. La jugada terminó tan mal que pesa sobre el Estado argentino una sentencia que lo obliga a pagar 16.000 millones de dólares a un fondo extranjero.
La estatización de empresas públicas concesionadas a empresas privadas, así como la ruptura de contratos, también son para el Gobierno un atentado a la propiedad privada.
Lo mismo que la excesiva presión fiscal, considerada “confiscatoria”. De hecho, Milei cargó puntualmente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien había criticado el punto 1 del Pacto de Mayo:
«Kicillof dijo que el punto uno del Pacto de Mayo no tenía sentido porque la propiedad privada está consagrada en la Constitución Nacional. Que sepa que la violó porque el avance vía impositivo es una expropiación. Aquellos que tienen propiedades en la provincia de Buenos Aires en realidad no son propietarios, el propietario definitivamente es el Estado y así arbitrariamente decide cuánto se puede llevar».
Como candidato a presidente, Milei había dicho: «Los liberales tenemos en claro cómo se resuelve la crisis, con propiedad privada, sistema de precios y sin intervención del Estado, pero esa no es la solución que prefieren los políticos, que prefieren la garra del Estado antes que la mano invisible».
La defensa de la propiedad privada, entonces, sería para el Gobierno un férreo compromiso de no avanzar ni proponer iniciativas que afecten el derecho de propiedad, en el sentido amplio de la palabra.