El Gobierno audita los servicios de limpieza de la administración pública en busca de posible cartelización

La Sindicatura General de la Nación (Sigen), el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, encaró desde comienzo de este año una numerosa cantidad de auditorías que van desde los fondos fiduciarios hasta los convenios que los ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional (APN) firmaron con universidades nacionales.

Pero además, el organismo que conduce Miguel Blanco ya inició una serie de trabajos de auditoría sobre las contrataciones de servicios de limpieza que llevaron adelante todas las reparticiones del Estado, es decir, todos los organismos públicos: desde las carteras más importantes hasta pequeños entes. La intención es intentar dar con posible cartelización, irregularidades en las contrataciones y comprobar si se llevaron adelante los servicios contratados.

Leé también: Senado: con fuertes críticas del kirchnerismo, funcionarios defienden la Ley Bases y el paquete fiscal en comisión

Según pudo saber TN, basándose en un análisis del sitio de contrataciones COMPR.AR, durante 2023 la gestión de Alberto Fernández efectuó al menos 172 contrataciones de servicios de limpieza para ministerios y diferentes organismos de la administración pública nacional. Muchos de estos siguen activos y en plena prestación de trabajo, ya que tienen una vigencia que va de los 6 meses al año.

La Sigen audita los servicios de limpieza de la administración pública en busca de posible cartelización

El trabajo de auditoría está en plena etapa de confección y consta de verificar, entre otros, los siguientes puntos:

• Verificar que se haya completado la tarea por la que se efectuó la contratación.
• Asistencia de empleados. Verificar que los trabajadores hayan concurrido a sus puestos de trabajo.

Lee también: Senado: con fuertes críticas del kirchnerismo, funcionarios defienden la Ley Bases y el paquete fiscal

• Posible cartelización en las contrataciones. La auditoría buscará determinar si existen firmas que abarcan mayoritariamente el mercado y eventualmente cuáles sos los motivos por los que se da esa situación.
• Estudio de la contratación: se verificará si se contrató a la oferta más económica y si la empresa respetaba el pliego de la licitación.
• Analizar si las contrataciones se hicieron de manera directa o por licitación pública.

En el sitio COMPR.AR se pueden apreciar algunas de las contrataciones de servicios de limpieza más recientes. Una de las firmas que se comenzó a contratar durante la gestión de Alberto Fernández es Tian Servicios, que participó de 56 licitaciones y se quedó con algunas de estas.

Uno de los servicios de limpieza que está en la mira es el que se presta en el parque Tecnópolis, el que fue adjudicada a la Cooperativa de Trabajo Ohlimpia Ltda por un plazo de seis meses. Esta empresa participó de cuatro contrataciones con Macri y once durante la gestión de Alberto Fernández.

Otro de los ejemplos es el del INADI, que en 2023 contrató a la empresa Domin Servicios Generales SRL por $46.434.756 para que preste el servicio integral de limpieza para la sede central de ese organismo. Algo similar ocurrió con la firma Óptimo SRL, que a cambio de $395 millones prestó el servicio de limpieza para el INDEC durante un año.

Una vez que se analice caso por caso se obtendrá un número final de empresas contratadas y se desagregará la información para saber cuántas veces se contrató a cada una. Eso permitirá identificar si hubo posible cartelización.

Lee también: Daer volvió a defender el paro del jueves: “Es la expresión de los trabajadores al ajuste brutal del Gobierno”

Esta auditoría se suma a la que la Sindicatura General de la Nación lleva adelante con 306 convenios entre Ministerios y organismos de la APN junto con universidades que se firmaron entre el 10 de diciembre de 2019 y misma fecha de 2023 y que van desde los $2 millones hasta los $170 millones. No se trata de una revisión sobre el presupuesto de las universidades, sino de contratos a través de los que ministerios y organismos les pagaban a estas casas de estudio a cambio de capacitaciones, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros servicios requeridos.

“Auditaremos a través de los ministerios y organismos públicos, no desde las universidades”, aclararon fuentes oficiales a TN. Lo que se buscará revisar es si efectivamente se llevaron adelante las tareas acordadas, si se cumplieron los objetivos de cada convenio, si se entregaron los informes acordados, entre otros puntos. En otras palabras, si el Estado recibió la contraprestación acordada o si incluso hubo alguna etapa tercerizada por fuera del contrato original.