Para no perder contratos y cobrar servicios adeudados con organismos públicos, la empresa de seguridad privada Securitas habría pagado, entre 2013 y 2018, coimas por 7,6 millones de dólares y, además, habría llevado adelante una evasión fiscal que podría ascender a los 2195 millones de pesos.
Así surge de la resolución firmada en las últimas horas por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que procesó a 19 exejecutivos de la compañía y les trabó un embargo sobre sus bienes hasta alcanzar la sideral suma de casi 280.000 millones de pesos.
El monto de lo que se habría pagado en sobornos, según el expediente judicial, surge de una investigación interna hecha por la empresa. Según la auditoría de la compañía, entre 2013 y 2018 se habrían utilizado 300 proveedores “presuntamente fraudulentos” para evadir impuestos por una cifra de entre $730.173.550 y $2.195.662.400.
Nueve de los 19 imputados fueron procesados con prisión preventiva. Entre los que continuarán detenidos mientras sigue la investigación se encuentran el exCEO de la empresa, Jorge Christian Faria, y los hermanos Marcelo y Claudio Tortul, importantes empresarios de Entre Ríos.
El mayor embargo fue sobre los bienes de Faria y asciende a 35.000 millones de pesos. En el caso de cada uno de los hermanos Tortul, la suma trepa a 30.000 millones de pesos.
Como informó LA NACION, Securitas se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo como consecuencia de los sobornos, canceló una deuda tributaria de 1500 millones de pesos y compró 1100 kilos de carne que fueron entregados a comedores parroquiales de San Isidro y de Entre Ríos. Así se estableció en el “acuerdo de colaboración eficaz” que firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, y representantes de la compañía.
La investigación comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación, con sede principal en Estocolmo, capital de Suecia.
En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de la investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”. Ahora la compañía se llama Securion.
“Como empresa líder en seguridad privada en la Argentina mantenemos un firme compromiso con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Hace un tiempo nuestra auditoría interna arrojó resultados preocupantes al detectar irregularidades dentro de nuestra propia organización. Ante esta situación tomamos una decisión sin precedentes en la historia empresarial argentina: decidimos presentarnos ante la Justicia y denunciar los ilícitos descubiertos. Esta acción es un reflejo de nuestro compromiso con la responsabilidad y la legalidad”, explicaron desde Securion.
A mediados del mes pasado, por orden de la jueza Arroyo Salgado, y tras el pedido del fiscal Domínguez, el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de la Gendarmería Nacional hizo una serie de allanamientos en Ezeiza, Tigre, Córdoba, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires y secuestró 19 vehículos, una moto, 20 notebook, 30 teléfonos celulares, 19 armas de fuego, 2088 municiones de diferentes calibres, 232.165 dólares, 8845 euros, 114.000 pesos chilenos y 11.500.000 pesos.
Según la denuncia hecha por Securitas, los “pagos indebidos” [los sobornos] fueron los siguientes:
“En Securitas, hoy Securion, estamos determinados a aprender de esta experiencia y a fortalecer nuestra cultura de integridad y transparencia. Seguiremos trabajando incansablemente para mantener nuestra reputación como líderes en seguridad privada en la Argentina, con valores sólidos y un compromiso inquebrantable con la legalidad y la ética empresarial”, se afirmó en el citado comunicado de prensa.
LA NACION